El "Capital Social" en el mundo contemporáneo

Actualmente no existe una conceptualización consensuada e universal respecto de la expresión capital social, a partir de lo cual se han configurado diversos enfoques teóricos para precisar y delimitar su impacto e implicancias en la estructura organizativa y social del mundo contemporáneo, especialmente dado que no constituye un parámetro cuantificable o medible matemáticamente.
Pese a la multiplicidad de visiones, sus interpretaciones convergen en una definición genérica, sustentada por Pierre Bordeau quien es el primero que inicia un estudio sistemático del concepto, a saber; todas aquellas relaciones sociales del sujeto y las redes sociales en la que está inserto (contactos, conocidos, amigos, etcétera), que mantengan permanencia en el tiempo y brinden a sus miembros un conjunto de recursos actuales y potenciales. Por extensión, el capital social se funda en el valor intrínseco de la comunidad. El propósito de este ensayo es analizar brevemente cómo se expresa este concepto sociológico en el tejido del mundo globalizado que nos gobierna en la actualidad.
Como primera aproximación analítica, podemos decir que el capital social reviste una importancia esencial sobretodo dada la emergencia de nuevas dinámicas de socialización, en donde se observa la fragilización del contacto presencial y la consiguiente expansión y fortalecimiento de las relaciones impersonales, ya sea chat, facebook o fotolog. Así, se hace extremadamente necesario adquirir y desarrollar herramientas de relación interpersonal que se traduzcan en un mayor y mejor manejo social y emocional individual para proyectarlo en el ámbito colectivo. En el mundo de hoy, el capital social se constituye entonces como un recurso ineludible e imperativo en las estructuras organizativas, en el trabajo en equipo, en los liderazgos locales, entre otros. En este contexto, han nacido nuevas “teorías psicosociales” como la inteligencia social o la inteligencia asertiva (véase “La inteligencia asertiva” de la psicóloga Javiera de la Plaza), que en definitiva apuntan al mismo objetivo: dar a conocer la importancia que tiene potenciar estas habilidades de asociación y adecuada interrelación con personas.
En esta línea, los principios y valores de casi todas las instituciones educativas y universitarias aspiran a la creación de un ser humano integral que incorpore tanto componentes cognitivos como de relación y cooperación interpersonal. Sin embargo, su impacto, cobertura y dedicación no se compara con aquél ofrecido al rendimiento académico ni a la preparación de pruebas como PSU o SIMCE, lo que pone de relieve la necesidad de recapturar la atención en el fortalecimiento y auspicio de estas habilidades, que son en gran parte fruto de la interacción y convivencia escolar y que otorgan competencias impagables en un posterior desarrollo profesional y humano.
Lo que se logra, en definitiva, es complementar sólidamente la formación no sólo académica, sino también valórica y social.
Por otra parte, construir capital social es, a todas luces, necesario en el mundo de hoy dado el aceleramiento del proceso de individuación, clásico de las sociedades contemporáneas en donde lo colectivo, o más abiertamente, el “espacio público” ha perdido su esencia y vitalidad, replegándose en la intimidad inexpugnable de la esfera privada. El reforzamiento de las “redes” de capital social se ubica entonces como un factor de transformación, como un elemento de cambio necesario para permitir la “acción social colectiva”.
A modo de síntesis, se puede confirmar la importancia del capital social en el mundo contemporáneo dado su valor en el ámbito de las relaciones interpersonales y en el mejoramiento múltiple de la sociedad en su conjunto, entendiéndola como “sujeto” dinámico y gestor de cambio.

Los pro y los contra del proyecto de fortalecimiento de Educación Pública

El proyecto de ley de fortalecimiento de la educación pública, en trámite legislativo en la cámara Baja, reactualiza el debate en torno a la urgente necesidad de reposicionar a la educación pública como un pilar insustituible en la construcción de un país más justo, igualitario y libre. Sin embargo, desde las revoluciones estudiantiles del 2006 y la del 2008, se ha puesto el acento en la modificación estructural del marco regulatorio que explicite y comprometa el rol del Estado para con la educación que imparte. Por lo tanto, no hablamos de un mero “maquillaje” a la arquitectura educativa, sino de una transformación sólida y contundente que rediseñe los parámetros constitucionales y normativos en virtud de los cuales se sustenta la educación chilena. En esta línea, se hacen perentorias reformas encaminadas hacia: la redefinición curricular cuyas bases sean la flexibilidad y la universalidad, apuntando hacia los nuevos paradigmas del siglo XXI, la creación de un programa universitario nacional de formación docente, la generación de instituciones que supervigilen la adecuada administración de los recursos públicos, así como fiscalicen el cumplimiento de los planes y programas establecidos,. En términos generales y a modo de resumen, este proyecto de ley apunta a diversificar y enriquecer la institucionalidad educativa; originando nuevas unidades organizativas tales como el Servicio nacional de educación y la agencia de calidad, una tímida desmunicipalización expresada en la creación de corporaciones de derecho público, y en la redacción de los “principios esenciales de la educación pública”, a saber; laicismo, libertad de conciencia, gratuidad, pluralismo, compromiso con la cultura cívica y los valores democráticos, entre otros. Asimismo, reconoce los problemas estructurales de la educación pública en hoy, subrayando la necesidad de dar mayores atribuciones a las nacientes corporaciones de derecho público, brindándoles autonomía y mayores facultades en cuanto al control del personal administrativo educacional, que con la ley vigente, descansa en las municipalidades.
En esta primera parte, se observan a mi juicio, avances considerables: el ensanchamiento y modernización del Ministerio de educación a través de las nuevas instituciones mencionadas es de capital importancia para optimizar los procesos de aprendizaje y cautelar autónomamente, a través de personal calificado, el cumplimiento de las funciones de los sostenedores y directivos. No obstante, cabe cuestionarse si estas organizaciones operarán efectivamente bajo los criterios y exigencias consagradas en el proyecto, y realicen concretamente las funciones para las cuales fueron creadas. Esta duda emerge a raíz de que estas instituciones serán supervigiladas - ¿o manipuladas? - por el ministerio de educación y la presidenta de la república. Lo mismo sucede con las corporaciones de derecho público.

Así y todo, el proyecto no se expresa en torno al Estado Docente, ni tampoco hace mención a la formación inicial docente, muchos de los cuales se instruyen en universidades privadas y en donde es imposible exigir un marco mínimo de competencias intelectuales, laborales y actitudinales. Asimismo, hallo que el papel del estado aún se mantiene difuso y con escasa nitidez. Por ejemplo, las corporaciones de derecho público, ¿funcionarán con la misma subvención del estado?, ¿con qué recursos y herramientas operará?, el ministerio, ¿efectivamente propenderá a la formación de individuos con cultura cívica y democrática? , ¿Qué hay respecto del frenesí de los colegios por sólo lograr buenos resultados en los SIMCE y en la PSU?
El proyecto en sí, muestra mejoras reales pero aún no percibo que se ataque a las fibras del sistema. Además dudo de la materialización efectiva de las disposiciones contenidas en el documento legal. En todo caso, optaría por igual aprobar el proyecto, pero aún me quedan dudas pendientes. Es un paso, pero le faltan bastantes en aras de erigir a la educación pública como un sustento real de las políticas públicas en Chile, como un puntal decisivo y único de desarrollo nacional.