El precio fijo: Cómo dar el salto a la lectura masiva en Chile

El tema de masificar el hábito de la lectura en Chile es un tema complejo, especialmente si se toman en cuenta la gran cantidad de factores que asisten. Uno de los elementos fundamentales que se han esgrimido a este respecto lo representa la aberración que significa gravar en un 16% al libro. En efecto, Chile es el único país de América (incluyendo Estados Unidos y Canadá) que aplica un IVA superior al 7%, sin ninguna concesión en su venta. No hay ningún país desarrollado que no estimule la edición, venta y lectura de libros a través de la protección de su oferta y la subvención indirecta de su demanda. No obstante, pese a que parezca romántico reducir o suprimir el gravamen estatal, el problema se sitúa no sólo en el precio final del libro, sino en toda la cadena productiva que lo elabora. Así, si confecciono un libro al 19% IVA y lo vendo a un menor valor, pierdo el diferencial, lo cual indica que la clave está en abaratar todo el proceso de tiraje, para así garantizar la ganancia. Prueba de ello lo representa el bullado maletín literario, el en cual Estado chileno compró en promedio, cada libro a sólo 1.600 pesos producto de lo sustantivo del tiraje.

Es interesante, en este contexto, apreciar las experiencias de países como España y Francia, cuyos gobiernos han implementados hace ya una decena de años, interesantes y efectivas medidas en torno a la promoción de la lectura masiva y a la protección de la industria. El sistema que han ensayado se sustenta en una lógica bastante simple; el derecho a comprar un libro al mismo precio en cualquier lugar del territorio nacional, lo que deriva en la práctica, que, ya sea en grandes librerías transnacionales, en supermercados, pequeñas librerías locales o en un comercio de periódicos, el precio se mantiene invariable, siendo el mismo impuesto y regulado por el editor o la importadora. El sistema anterior lo han pasado a llamar el “precio fijo” o el “Ley Lang” en Francia.
Las consecuencias de la instalación de esta política, a varios años de implementación, muestran resultados positivos, por ejemplo; el consecuente aumento de librerías, pues éstas se hallan en condiciones más leales de competencia, el favorecimiento de la edición de gran cantidad de volúmenes, al éstos tener garantizados los márgenes de venta, la especialización de las librerías, el crecimiento de la oferta en términos cuantitativos y cualitativos con respecto a la diversidad del público y demanda, puesto que el precio fijo satisface la demanda, sin disminuir la oferta. Consecuentemente, con mayor número de puestos de venta, las impresiones aumentan y el precio se reduce. En definitiva, el precio fijo permitiría desincentivar el acrecentamiento de la concentración en la comercialización del libro.

Por otro lado, un efecto social tanto o más relevante que el empresarial resulta de la mayor lectura de libros en la ciudadanía, con todo lo que eso significa en términos de acceso a la información, la capacitación profesional, aumento de la autoeducación, aumento de la diversidad creativa, difusión de ideas nuevas y demás efectos positivos derivados de la lectura de libros.

No obstante las medidas que se adopten, éstas resultarían estériles si no se le atribuye al libro un carácter de pilar institucional para el desarrollo económico, social y cultural de la gente, que no se estructure por criterios mercantilistas que acentúan las diferencias sociales y culturales entre la población. Lo anterior debe ir necesariamente acompañado por políticas que emanen de una rama ministerial autónoma que vele por brindar todas las alternativas que sean posibles para hacer de la lectura un acto natural y espontáneo en la población, asegurando su difusión y haciendo de ésta un derecho social y ojalá resguardado por la más alta normativa jurídica de nuestro país.

Acusación Constitucional V/S Perjuicios para la Institucionalidad

Tremendo revuelo mediático ha generado la reciente destitución de la ministra Provoste en el marco de la acusación constitucional emanada de parlamentarios de Derecha que la acusan de desestimar auditorías que revelaban el descalabro financiero existente desde la época del gobierno del presidente Lagos respecto del sensible tema de las subvenciones escolares. Si bien, en un principio la situación era sostenible y por tanto, la acusación evitable, ésta se catapultó producto de la negativa de la ministra en ordenar la renuncia del SEREMI, Alejandro Traverso, cuya responsabilidad en el asunto era incontestable. De esta manera, los parlamentarios que encauzaron la acusación, revalorizaron la importancia de la misma y se dispusieron a poner en práctica una legítima facultad que la constitución dispone para contrapesar el poder del Ejecutivo. Finalmente, la acusación llegó a efecto tras la configuración de la “nueva mayoría” en el Senado, que decidió, por veinte votos contra dieciocho, la destitución de la ministra y la consiguiente inhabilidad para que la misma ejerza cargos públicos por un espacio de cinco años, condición que la concertación ha acuñado como “muerte cívica”, y que la ministra asumió con tristeza pues eran sabidas las aspiraciones senatoriales que perseguía por la tercera región, en donde concita gran apoyo ciudadano. Si bien, soy partidario de la regulación de este tipo de prácticas, considero en este caso procedente la aplicación de esta acusación constitucional, en tanto la ministra se desvinculó públicamente con la responsabilidad que lógicamente le competía y además, hizo una parafernalia patética pre-votación, en donde se le vio partícipe de una serie de homilías religiosas junto con ministros y otras personalidades de la política, para las cuales se llamaba masivamente a los medios para que concurrieran y dieran esférica a lo que allí sucedía. Considero que, sin duda, la materialización de esta acusación constitucional constituye un paso adelante hacia la transparentización y la responsabilidad en el ejercicio de los cargos públicos y hacia el rechazo de situaciones que dejan en velo el fantasma de la corrupción.
No obstante la situación de la cual hemos sido espectadores, resulta, empero, de fundamental importancia comprender lo que acusaciones de esta naturaleza producen, y que dice relación con el trastrocamiento de principios y valores que deberían sustentar una democracia sólida, ungida sobre la base de una institucionalidad legitimada y respetada por la población. No resulta baladí por tanto, contemplar los efectos negativos que a largo plazo el uso indiscriminado e irreflexivo de este recurso puede generar para la estabilidad del régimen institucional. Asimismo, abusar de esta herramienta legislativa puede fácilmente derivar en el acrecentamiento del descrédito del sistema democrático y que en definitiva, alimentaría la tesis de la crisis de representatividad, cuyo origen se encuentra justamente en la desconfianza existente entra la población para con la eficacia con la que operan los mecanismos del Estado. Por lo demás, sostener una acusación por dos meses supone una merma significativa en el quehacer de un ministerio cuyas tareas son infinitas.
A la luz de lo enunciado, es necesario consignar lo perjudicial que puede encerrar procedimientos que atacan directamente la plataforma democrática y que en definitiva, debilitan la credibilidad y fuerza de la cual estas herramientas constitucionales deberían servirse.

English In Chile: A Dual Experience, Bad Results.

Chile is a country of constant development, mainly in business and international relations, because of its full integration to globalization phenomenon. This reality has motivated goverment authorities to stimulate english learning not just as a subject, but an ability.
However, the education of english language has become into a weak point, both for the students and for the workers.
The Chilean Ministry of Education has launched three years ago, a national English project - English Opens Doors - to improve levels of English in Chile . One of the aims of this project is that all state school students reach a level equivalent to KET (Key English Test) by the end of primary school and a level equivalent to PET (Preliminary English Test) by the end of high school. Cambridge ESOL was chosen to evaluate the current English competence of state school students.
Cambridge ESOL produced a diagnostic test for the Chilean Ministry based on assessment material which had already been extensively trialled and validated throughout the world. Because of its global network of partners, Cambridge ESOL was able to call on a local partner in Chile - the Instituto Chileno Británico de Cultura - to administer the test. The British Institute already administers most of Cambridge ESOL's exams in Chile , which made it the ideal partner for this project. A sample of 12,000 students, representing the 8th grade (13-14 year olds) and the 12th grade (17-18 year olds), took the test in October 2004.
The results of the test aplied were quite dissapointing, and stated two points mainly;
-On having finished the “High school”, a lower number of cases reaches the “autonomous” level of english. The students are too far from having a very good command of english and the necessary knowledge to do well at work.
-The performance of the students increases as they have higher social background and better teaching methods, such as speaking, reading and listening in english.

These results should call us to think about the factors implied.
One of the most important elements at the moment to measure english level in high school students, is the resources and infraestructure the teachers count with. Public schools in general don’t confer resources to, for instance, build english laboratories which would significatly improve and enrich learning process. In spite of that, most of public schools simply lack of the money.
Another fundamental thing the students the classroom has. The vast majority of succesfull english institutes suggest that the students by classroom should not exceed 10. This is absolutly unthinkable at state schools whose average students are 43, like, for example, Liceo de Aplicación of Santiago.
English books is other valuable aspect to consider. Many of the books from the goverment which send to state schools, exhibit severe problems in terms of the academic desing and the level of contents they have. This is demostrated at private schools which simply force students to buy specialized and expensive english books. They don’t have other alternative If they want their studentes effectivily learn.

There are other thousand of other important things to contemplate, but I think them are the most fundamental.
What things do we have to think in order to find solutions?

1.- Strength publics schools: Granting more resources to public education would facilitate more opportunities to people who lack to money enough to afford a private institute. Besides, it would shorten the huge differences that currently exist, between private and public education.

2.- Teachers: Giving more opportunities to teachers to speacialize in forgein countries would permit them to train and learn more.

3.- Stimulate the career: The Goverment should promote people to study english pedagogy by giving more resources to universities to impart the career. This could compense the current lacking of professionals that the system has.

4.- Programs and Experiences: New english experiences which provide students more opportunities to use the language in different contexts and to share it with other people. In addition to that, organising competitions and tournaments among schools with audiovisual games and other materials would generate the initial fascination for learning the language.


English is everywhere, and Chile should start thinking about solutions to improve the current situation.

Los desafíos de la democracia participativa

Nuevas ideas han surgido en torno al cómo consolidar la democracia desde un mayor dinamismo y protagonismo de la sociedad civil, impulsado desde un estado que brinde y fomente mecanismos y vías efectivas de participación ciudadana y de deliberación pública.
De esta manera, el debate anterior ha sustentado los nuevos desafíos que las democracias modernas se aprestan a enfrentar. En este contexto, se ha gestado un concepto conocido como “gobernanza” que, en términos generales, se ha propuesto alimentar y ensanchar las bases que actualmente configuran la intervención pública en la “arena política”. Asimismo, apunta a reconceptualizar la institucionalidad democrática sobre la base de la profundización de reformas que se encausen a transparentar el ejercicio de los cargos públicos y a modernizar el aparato estatal. Por tanto, se apunta no sólo a construir una democracia en donde las personas sean capaces de controlar su propio destino, sino también a un sistema que opere con instituciones eficientes y eficaces, con legitimidad entre sus ciudadanos, que conduzcan sus acciones bajo principios de transparencia y probidad y que sean capaces de representar intereses y que sirvan de contrapeso entre sí contra el abuso del poder.
Todo el escenario precedente ha forzado a las autoridades gubernamentales a redibujar el esquema de ejecución de las políticas de iniciativa ciudadana y de reforzar los canales y espacios de debate público, sentando las bases de un cambio de paradigma en la forma de hacer política. A este respecto, resulta interesante contemplar la visión que sostiene el Programa Nacional de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Chile, que entre cuyos objetivos figura el “fortalecimiento de la gobernabilidad democrática”, poniendo de manifiesto tres áreas fundamentales en el ámbito; fomentar la participación cívica, iniciar un plan sostenido de desafección de la política institucional (ilegitimidad de los partidos, bajas tasas de participación electoral) y finalmente, incentivar políticas de gobernabilidad democrática fundadas en la equidad de género, el respeto irrestricto de los derechos humanos y anti-corrupción.
Lo anterior, por extensión, ha esbozado el anhelo de constituir a los grupos de sociedad civil como verdaderos agentes políticos bajo cuyas demandas se estructure y dirija la acción política. Esto implica redefinir el rol de la ciudadanía, ya no circunscribiendo su campo de acción en elecciones libres y competidas ni supeditando su participación al mero ejercicio del sufragio, sino dotándole de un especial poder social, en donde sean capaces de intervenir activamente mediante dispositivos que faciliten su participación.
Perfeccionar la democracia representativa que hoy nos rige implica, por tanto, un desafío de gran envergadura, sobretodo para países cuyos niveles de desarrollo e “infraestructura social” dificultan la implementación de reformas de corte participativo.
Avanzar hacia una democracia con una ciudadanía empoderada e instituciones políticas y estatales eficaces y eficientes supone entonces, reevaluar los actuales sistemas de injerencia y administración pública, de modo de proyectar los mismos hacia una reestructuración que signifique remodelar las características de la democracia actual y reposicionar a la ciudadanía en el sitial que se merece.