El precio fijo: Cómo dar el salto a la lectura masiva en Chile

El tema de masificar el hábito de la lectura en Chile es un tema complejo, especialmente si se toman en cuenta la gran cantidad de factores que asisten. Uno de los elementos fundamentales que se han esgrimido a este respecto lo representa la aberración que significa gravar en un 16% al libro. En efecto, Chile es el único país de América (incluyendo Estados Unidos y Canadá) que aplica un IVA superior al 7%, sin ninguna concesión en su venta. No hay ningún país desarrollado que no estimule la edición, venta y lectura de libros a través de la protección de su oferta y la subvención indirecta de su demanda. No obstante, pese a que parezca romántico reducir o suprimir el gravamen estatal, el problema se sitúa no sólo en el precio final del libro, sino en toda la cadena productiva que lo elabora. Así, si confecciono un libro al 19% IVA y lo vendo a un menor valor, pierdo el diferencial, lo cual indica que la clave está en abaratar todo el proceso de tiraje, para así garantizar la ganancia. Prueba de ello lo representa el bullado maletín literario, el en cual Estado chileno compró en promedio, cada libro a sólo 1.600 pesos producto de lo sustantivo del tiraje.

Es interesante, en este contexto, apreciar las experiencias de países como España y Francia, cuyos gobiernos han implementados hace ya una decena de años, interesantes y efectivas medidas en torno a la promoción de la lectura masiva y a la protección de la industria. El sistema que han ensayado se sustenta en una lógica bastante simple; el derecho a comprar un libro al mismo precio en cualquier lugar del territorio nacional, lo que deriva en la práctica, que, ya sea en grandes librerías transnacionales, en supermercados, pequeñas librerías locales o en un comercio de periódicos, el precio se mantiene invariable, siendo el mismo impuesto y regulado por el editor o la importadora. El sistema anterior lo han pasado a llamar el “precio fijo” o el “Ley Lang” en Francia.
Las consecuencias de la instalación de esta política, a varios años de implementación, muestran resultados positivos, por ejemplo; el consecuente aumento de librerías, pues éstas se hallan en condiciones más leales de competencia, el favorecimiento de la edición de gran cantidad de volúmenes, al éstos tener garantizados los márgenes de venta, la especialización de las librerías, el crecimiento de la oferta en términos cuantitativos y cualitativos con respecto a la diversidad del público y demanda, puesto que el precio fijo satisface la demanda, sin disminuir la oferta. Consecuentemente, con mayor número de puestos de venta, las impresiones aumentan y el precio se reduce. En definitiva, el precio fijo permitiría desincentivar el acrecentamiento de la concentración en la comercialización del libro.

Por otro lado, un efecto social tanto o más relevante que el empresarial resulta de la mayor lectura de libros en la ciudadanía, con todo lo que eso significa en términos de acceso a la información, la capacitación profesional, aumento de la autoeducación, aumento de la diversidad creativa, difusión de ideas nuevas y demás efectos positivos derivados de la lectura de libros.

No obstante las medidas que se adopten, éstas resultarían estériles si no se le atribuye al libro un carácter de pilar institucional para el desarrollo económico, social y cultural de la gente, que no se estructure por criterios mercantilistas que acentúan las diferencias sociales y culturales entre la población. Lo anterior debe ir necesariamente acompañado por políticas que emanen de una rama ministerial autónoma que vele por brindar todas las alternativas que sean posibles para hacer de la lectura un acto natural y espontáneo en la población, asegurando su difusión y haciendo de ésta un derecho social y ojalá resguardado por la más alta normativa jurídica de nuestro país.