Nuevas ideas han surgido en torno al cómo consolidar la democracia desde un mayor dinamismo y protagonismo de la sociedad civil, impulsado desde un estado que brinde y fomente mecanismos y vías efectivas de participación ciudadana y de deliberación pública.
De esta manera, el debate anterior ha sustentado los nuevos desafíos que las democracias modernas se aprestan a enfrentar. En este contexto, se ha gestado un concepto conocido como “gobernanza” que, en términos generales, se ha propuesto alimentar y ensanchar las bases que actualmente configuran la intervención pública en la “arena política”. Asimismo, apunta a reconceptualizar la institucionalidad democrática sobre la base de la profundización de reformas que se encausen a transparentar el ejercicio de los cargos públicos y a modernizar el aparato estatal. Por tanto, se apunta no sólo a construir una democracia en donde las personas sean capaces de controlar su propio destino, sino también a un sistema que opere con instituciones eficientes y eficaces, con legitimidad entre sus ciudadanos, que conduzcan sus acciones bajo principios de transparencia y probidad y que sean capaces de representar intereses y que sirvan de contrapeso entre sí contra el abuso del poder.
Todo el escenario precedente ha forzado a las autoridades gubernamentales a redibujar el esquema de ejecución de las políticas de iniciativa ciudadana y de reforzar los canales y espacios de debate público, sentando las bases de un cambio de paradigma en la forma de hacer política. A este respecto, resulta interesante contemplar la visión que sostiene el Programa Nacional de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Chile, que entre cuyos objetivos figura el “fortalecimiento de la gobernabilidad democrática”, poniendo de manifiesto tres áreas fundamentales en el ámbito; fomentar la participación cívica, iniciar un plan sostenido de desafección de la política institucional (ilegitimidad de los partidos, bajas tasas de participación electoral) y finalmente, incentivar políticas de gobernabilidad democrática fundadas en la equidad de género, el respeto irrestricto de los derechos humanos y anti-corrupción.
Lo anterior, por extensión, ha esbozado el anhelo de constituir a los grupos de sociedad civil como verdaderos agentes políticos bajo cuyas demandas se estructure y dirija la acción política. Esto implica redefinir el rol de la ciudadanía, ya no circunscribiendo su campo de acción en elecciones libres y competidas ni supeditando su participación al mero ejercicio del sufragio, sino dotándole de un especial poder social, en donde sean capaces de intervenir activamente mediante dispositivos que faciliten su participación.
Perfeccionar la democracia representativa que hoy nos rige implica, por tanto, un desafío de gran envergadura, sobretodo para países cuyos niveles de desarrollo e “infraestructura social” dificultan la implementación de reformas de corte participativo.
Avanzar hacia una democracia con una ciudadanía empoderada e instituciones políticas y estatales eficaces y eficientes supone entonces, reevaluar los actuales sistemas de injerencia y administración pública, de modo de proyectar los mismos hacia una reestructuración que signifique remodelar las características de la democracia actual y reposicionar a la ciudadanía en el sitial que se merece.
De esta manera, el debate anterior ha sustentado los nuevos desafíos que las democracias modernas se aprestan a enfrentar. En este contexto, se ha gestado un concepto conocido como “gobernanza” que, en términos generales, se ha propuesto alimentar y ensanchar las bases que actualmente configuran la intervención pública en la “arena política”. Asimismo, apunta a reconceptualizar la institucionalidad democrática sobre la base de la profundización de reformas que se encausen a transparentar el ejercicio de los cargos públicos y a modernizar el aparato estatal. Por tanto, se apunta no sólo a construir una democracia en donde las personas sean capaces de controlar su propio destino, sino también a un sistema que opere con instituciones eficientes y eficaces, con legitimidad entre sus ciudadanos, que conduzcan sus acciones bajo principios de transparencia y probidad y que sean capaces de representar intereses y que sirvan de contrapeso entre sí contra el abuso del poder.
Todo el escenario precedente ha forzado a las autoridades gubernamentales a redibujar el esquema de ejecución de las políticas de iniciativa ciudadana y de reforzar los canales y espacios de debate público, sentando las bases de un cambio de paradigma en la forma de hacer política. A este respecto, resulta interesante contemplar la visión que sostiene el Programa Nacional de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Chile, que entre cuyos objetivos figura el “fortalecimiento de la gobernabilidad democrática”, poniendo de manifiesto tres áreas fundamentales en el ámbito; fomentar la participación cívica, iniciar un plan sostenido de desafección de la política institucional (ilegitimidad de los partidos, bajas tasas de participación electoral) y finalmente, incentivar políticas de gobernabilidad democrática fundadas en la equidad de género, el respeto irrestricto de los derechos humanos y anti-corrupción.
Lo anterior, por extensión, ha esbozado el anhelo de constituir a los grupos de sociedad civil como verdaderos agentes políticos bajo cuyas demandas se estructure y dirija la acción política. Esto implica redefinir el rol de la ciudadanía, ya no circunscribiendo su campo de acción en elecciones libres y competidas ni supeditando su participación al mero ejercicio del sufragio, sino dotándole de un especial poder social, en donde sean capaces de intervenir activamente mediante dispositivos que faciliten su participación.
Perfeccionar la democracia representativa que hoy nos rige implica, por tanto, un desafío de gran envergadura, sobretodo para países cuyos niveles de desarrollo e “infraestructura social” dificultan la implementación de reformas de corte participativo.
Avanzar hacia una democracia con una ciudadanía empoderada e instituciones políticas y estatales eficaces y eficientes supone entonces, reevaluar los actuales sistemas de injerencia y administración pública, de modo de proyectar los mismos hacia una reestructuración que signifique remodelar las características de la democracia actual y reposicionar a la ciudadanía en el sitial que se merece.
1 comentario:
Muy buena perpectiva la que das a conocer aquí, nuevamente concuerdo contigo casi en todos los puntos.
espero sigas publicando escritos así de interesantes, bueno me tengo que ir, nos vemos.
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