El "Capital Social" en el mundo contemporáneo

Actualmente no existe una conceptualización consensuada e universal respecto de la expresión capital social, a partir de lo cual se han configurado diversos enfoques teóricos para precisar y delimitar su impacto e implicancias en la estructura organizativa y social del mundo contemporáneo, especialmente dado que no constituye un parámetro cuantificable o medible matemáticamente.
Pese a la multiplicidad de visiones, sus interpretaciones convergen en una definición genérica, sustentada por Pierre Bordeau quien es el primero que inicia un estudio sistemático del concepto, a saber; todas aquellas relaciones sociales del sujeto y las redes sociales en la que está inserto (contactos, conocidos, amigos, etcétera), que mantengan permanencia en el tiempo y brinden a sus miembros un conjunto de recursos actuales y potenciales. Por extensión, el capital social se funda en el valor intrínseco de la comunidad. El propósito de este ensayo es analizar brevemente cómo se expresa este concepto sociológico en el tejido del mundo globalizado que nos gobierna en la actualidad.
Como primera aproximación analítica, podemos decir que el capital social reviste una importancia esencial sobretodo dada la emergencia de nuevas dinámicas de socialización, en donde se observa la fragilización del contacto presencial y la consiguiente expansión y fortalecimiento de las relaciones impersonales, ya sea chat, facebook o fotolog. Así, se hace extremadamente necesario adquirir y desarrollar herramientas de relación interpersonal que se traduzcan en un mayor y mejor manejo social y emocional individual para proyectarlo en el ámbito colectivo. En el mundo de hoy, el capital social se constituye entonces como un recurso ineludible e imperativo en las estructuras organizativas, en el trabajo en equipo, en los liderazgos locales, entre otros. En este contexto, han nacido nuevas “teorías psicosociales” como la inteligencia social o la inteligencia asertiva (véase “La inteligencia asertiva” de la psicóloga Javiera de la Plaza), que en definitiva apuntan al mismo objetivo: dar a conocer la importancia que tiene potenciar estas habilidades de asociación y adecuada interrelación con personas.
En esta línea, los principios y valores de casi todas las instituciones educativas y universitarias aspiran a la creación de un ser humano integral que incorpore tanto componentes cognitivos como de relación y cooperación interpersonal. Sin embargo, su impacto, cobertura y dedicación no se compara con aquél ofrecido al rendimiento académico ni a la preparación de pruebas como PSU o SIMCE, lo que pone de relieve la necesidad de recapturar la atención en el fortalecimiento y auspicio de estas habilidades, que son en gran parte fruto de la interacción y convivencia escolar y que otorgan competencias impagables en un posterior desarrollo profesional y humano.
Lo que se logra, en definitiva, es complementar sólidamente la formación no sólo académica, sino también valórica y social.
Por otra parte, construir capital social es, a todas luces, necesario en el mundo de hoy dado el aceleramiento del proceso de individuación, clásico de las sociedades contemporáneas en donde lo colectivo, o más abiertamente, el “espacio público” ha perdido su esencia y vitalidad, replegándose en la intimidad inexpugnable de la esfera privada. El reforzamiento de las “redes” de capital social se ubica entonces como un factor de transformación, como un elemento de cambio necesario para permitir la “acción social colectiva”.
A modo de síntesis, se puede confirmar la importancia del capital social en el mundo contemporáneo dado su valor en el ámbito de las relaciones interpersonales y en el mejoramiento múltiple de la sociedad en su conjunto, entendiéndola como “sujeto” dinámico y gestor de cambio.

Los pro y los contra del proyecto de fortalecimiento de Educación Pública

El proyecto de ley de fortalecimiento de la educación pública, en trámite legislativo en la cámara Baja, reactualiza el debate en torno a la urgente necesidad de reposicionar a la educación pública como un pilar insustituible en la construcción de un país más justo, igualitario y libre. Sin embargo, desde las revoluciones estudiantiles del 2006 y la del 2008, se ha puesto el acento en la modificación estructural del marco regulatorio que explicite y comprometa el rol del Estado para con la educación que imparte. Por lo tanto, no hablamos de un mero “maquillaje” a la arquitectura educativa, sino de una transformación sólida y contundente que rediseñe los parámetros constitucionales y normativos en virtud de los cuales se sustenta la educación chilena. En esta línea, se hacen perentorias reformas encaminadas hacia: la redefinición curricular cuyas bases sean la flexibilidad y la universalidad, apuntando hacia los nuevos paradigmas del siglo XXI, la creación de un programa universitario nacional de formación docente, la generación de instituciones que supervigilen la adecuada administración de los recursos públicos, así como fiscalicen el cumplimiento de los planes y programas establecidos,. En términos generales y a modo de resumen, este proyecto de ley apunta a diversificar y enriquecer la institucionalidad educativa; originando nuevas unidades organizativas tales como el Servicio nacional de educación y la agencia de calidad, una tímida desmunicipalización expresada en la creación de corporaciones de derecho público, y en la redacción de los “principios esenciales de la educación pública”, a saber; laicismo, libertad de conciencia, gratuidad, pluralismo, compromiso con la cultura cívica y los valores democráticos, entre otros. Asimismo, reconoce los problemas estructurales de la educación pública en hoy, subrayando la necesidad de dar mayores atribuciones a las nacientes corporaciones de derecho público, brindándoles autonomía y mayores facultades en cuanto al control del personal administrativo educacional, que con la ley vigente, descansa en las municipalidades.
En esta primera parte, se observan a mi juicio, avances considerables: el ensanchamiento y modernización del Ministerio de educación a través de las nuevas instituciones mencionadas es de capital importancia para optimizar los procesos de aprendizaje y cautelar autónomamente, a través de personal calificado, el cumplimiento de las funciones de los sostenedores y directivos. No obstante, cabe cuestionarse si estas organizaciones operarán efectivamente bajo los criterios y exigencias consagradas en el proyecto, y realicen concretamente las funciones para las cuales fueron creadas. Esta duda emerge a raíz de que estas instituciones serán supervigiladas - ¿o manipuladas? - por el ministerio de educación y la presidenta de la república. Lo mismo sucede con las corporaciones de derecho público.

Así y todo, el proyecto no se expresa en torno al Estado Docente, ni tampoco hace mención a la formación inicial docente, muchos de los cuales se instruyen en universidades privadas y en donde es imposible exigir un marco mínimo de competencias intelectuales, laborales y actitudinales. Asimismo, hallo que el papel del estado aún se mantiene difuso y con escasa nitidez. Por ejemplo, las corporaciones de derecho público, ¿funcionarán con la misma subvención del estado?, ¿con qué recursos y herramientas operará?, el ministerio, ¿efectivamente propenderá a la formación de individuos con cultura cívica y democrática? , ¿Qué hay respecto del frenesí de los colegios por sólo lograr buenos resultados en los SIMCE y en la PSU?
El proyecto en sí, muestra mejoras reales pero aún no percibo que se ataque a las fibras del sistema. Además dudo de la materialización efectiva de las disposiciones contenidas en el documento legal. En todo caso, optaría por igual aprobar el proyecto, pero aún me quedan dudas pendientes. Es un paso, pero le faltan bastantes en aras de erigir a la educación pública como un sustento real de las políticas públicas en Chile, como un puntal decisivo y único de desarrollo nacional.

Aceleración del Proceso de Globalización en América Latina: El Caso de UNASUR, Septiembre 2008. (1)

* Los ensayos que procederán se inscriben dentro de un "paper" que elaboré en relación al análisis de la reciente cumbre de UNASUR como proceso consustancial a la aceleración de la globalización política en América Latina. Con esto, espero revitalizar este espacio, cuya actualización había sido dejado de lado merced de otros compromisos académicos. Ojalá les guste y espero sus comentarios.

La reciente cumbre de UNASUR celebrada el 15 de septiembre y cuyo objetivo principal era analizar la crisis político institucional por la que está atravesando Bolivia, pone de relieve la necesidad de estructurar un proyecto regional que se sustente en la cooperación, integración y organización activa de los países sudamericanos, en cuyo núcleo central no haya cabida para intereses particulares u otros procedimientos de intervención que promuevan la división interamericana. Esto plantea el argumento de recomponer los límites institucionales en los que se practica la decisión política, extendiéndolos hacia otros países, para efectos de llevar a cabo un acuerdo común en orden de alcanzar la prosperidad del continente.

Este hecho nos remite a la dimensión poliforme del fenómeno de globalización, cuyos rasgos característicos no se circunscriben sólo al ámbito económico, sino que también despliega sus efectos en el terreno político. Desde esta perspectiva, la cumbre de UNASUR no es sino una manifestación clara del proceso de transnacionalización de los centros de decisión política y las relaciones de poder en el marco de un proceso vertiginoso de mundialización. En efecto, uno de los cambios más relevantes en la esfera política en las últimas décadas ha sido la creciente importancia que han cobrado los ámbitos de decisión y de interacción política internacionales. Una de las consecuencias de esta situación es que el lugar donde reside el poder político efectivo ya no sólo el gobierno nacional; ese poder se comparte, se trueca y es cuestionado por diversas fuerzas y organismos públicos y privados, que rebasan los límites nacionales, regionales e internacionales, deviniendo en una transformación del tradicional centralismo político del Estado y en el relativo desdibujamiento de la influencia decisoria de éste, dada la masiva incorporación de nuevos actores (multinacionales, élites financieras y mercantiles, ONGs, entre otros) que condicionan y compiten con el aparato estatal.
Lo anterior presupone la hipótesis del debilitamiento de las barreras geográficas y de las funciones históricas del Estado Nacional, concepto cuya resignificación se ha hecho patente en el contexto global actual caracterizado por la acelerada emergencia de redes de interdependencia a escala mundial y por la universalización de las medidas desregularizadoras y privatizadoras de corte neoliberal que caracterizan las políticas que impulsa el proceso de globalización.
No obstante, conviene apreciar la cumbre de UNASUR como una instancia fructífera en términos de participación regional y formalización de acuerdos tendientes a dar luces de unificación e integración local, minimizando la injerencia que pueda aplicar EE.UU. en la materia en cuestión. Claramente a este país le desagrada que en su “patio trasero”, especialmente tratándose de Bolivia y Venezuela, se organicen bajo el criterio fundacional de independencia política en los acuerdos suscritos.

En el trabajo próximo, revisaremos los componentes socio - políticos que encierra la reciente cumbre de UNASUR en el contexto del proceso de globalización actual, así como también analizaremos los alcances reales que esta reunión pueda significar para la construcción integral y el fortalecimiento de la identidad propia de la región.

El debate de la PSU: Panorámica Internacional de Exámenes de Ingreso a Universidades Públicas. (1)

Diversas opiniones han alimentado el debate en torno a la conveniencia de aplicar la PSU como instrumento estandarizado de ingreso a las universidades públicas. Sus panegíricos afirman que de no existir un adecuado mecanismo de selección, los estudiantes colapsarían a las mejores universidades en cuyas más prestigiosas facultades. Pero, claro, asumen, que el diseño curricular que ésta sustenta va en desmedro de aquéllos que reciben peor educación en la enseñanza media. Sus más férreos detractores ensayan una lógica similar; la PSU es un instrumento que sólo mide conocimientos y no apunta, en cambio, a evaluar destrezas cognitivas más elevadas que sugieran una competencia intelectual acorde. Otros, sin embargo, abogan por la total supresión de la PSU pues, esgrimen, actúa como un elemento de absoluta discriminación y diferenciación social, en tanto aquéllos que reciben una buena educación, la cual generalmente se da sólo en colegios privados o municipalizados emblemáticos, tendrán buenos resultados, y los otros, derivarán en instituciones o centros profesionales, operando así, una mecánica cíclica de segmentación educativa. Esto, a decir verdad, se pone de manifiesto con las estadísticas que emanaron del Ministerio de Educación tras la aplicación de la PSU el año pasado, y que relaciona el ingreso familiar con el puntaje promedio, a saber;

i) -$250.000 43%, obtuvo bajo 450 puntos

ii) entre $250.000 y $800.000, 20% bajo 450 puntos

iii) + $800.000, 10% bajo los 450 puntos

Por otro lado, a nivel internacional, el debate sobre los sistemas de admisión se dan en un marco de un gran proceso de expansión de la matrícula, debido fundamentalmente al aumento de las demandas por educación superior. Ésta demanda actual está asociada al conjunto de transformaciones culturales, sociales y económicas que hace suyas el fenómeno de la globalización, a saber; el proceso de universalización de la educación media, el crecimiento y la diversificación de los requerimientos del sector productivo, las tasas más elevadas de ingresos, etcétera. En efecto, en Chile, año 2008, 4 de cada 10 alumnos son primera generación.
Ante este panorama, cabe, a mi juicio, explorar en las distintas experiencias internacionales en los modos de admisión. En términos generales, podemos identificar ciertos aspectos comunes de éstas y que se resumen en tres puntos estructurales;

a) El diploma de aprobación del colegio secundario, sigue siendo necesario para la admisión pero garantiza cada vez menos que el aspirante pueda ingresar a la institución y carrera de preferencia (OCDE, 1992)
b) El prestigio de las universidades va en directa correlación con los niveles de selectividad que éstas implementen, y, que, crecientemente, está siendo basada por una examen al término del ciclo medio, sumado a las calificaciones obtenidas en ése período.
c) En lo que respecta a América Latina, todos los países coinciden en la exigencia de un certificado de bachillerato (en Chile, el diploma de enseñanza media), en la utilización de pruebas estandarizadas y en el posicionamiento de las instituciones educativas como únicas responsables en la fijación del nivel de logro para el ingreso. (GAGO, 1999)

La Contradicción Crucial de la Sociedad del Conocimiento: Trampas para la Libertad Informática

La noción primera de la sociedad del conocimiento descansa en el uso, difusión e innovaciones intensivas en el ámbito de las nuevas tecnologías de la información – expresado principalmente en la revolución del Internet - y en el auge espectacular del mercado de acciones de la industria de la comunicación lo que ha sustentado la reorganización de la sociedad en torno a una nueva revolución humana, social, económica y tecnológica al alero de la universalización de la información y el conocimiento.
El espíritu libertario que subyació de la aparición de la red de Internet, abrió nuevas perspectivas tanto para la ampliación del espacio público del conocimiento como para la inauguración de un sostenido proceso de socialización de las tecnologías de la información y la comunicación lo que permitió estructurar las bases fundacionales de la comunidad de hackers y la creación de un software libre y que se imbricaba en el nacimiento de las nuevas herramientas culturales que darían forma a la incipiente Sociedad de la Información. El origen histórico del conocimiento masivo, era por tanto, claro: actuar como un bien público que beneficie a la colectividad y promueva un desarrollo igualitario íntegro.

No obstante, la bases que forjaron la concepción original de la Internet se vieron seriamente desvirtuadas a partir de nuevas instituciones, mecanismos y estrategias que han demorado el fortalecimiento y progreso íntegro de un flujo de información expedito que contribuya a construir una sociedad justa, educada e igualitaria apoyada en el conocimiento libre, autónomo y descentralizado y que al mismo tiempo minimice la enorme brecha digital. La base de estas regulaciones a la compartición destrabada de información, empiezan a ponerse en práctica a partir de la necesidad de implementar aplicaciones y sistemas operativos más estandarizados y de distribución más masiva y que, en definitiva, comprendió la instalación de una serie de poderosas estructuras autoritarias y burocráticas que fundaron la emergencia del software privativo de Microsoft. Le siguieron la infundada propiedad exclusiva o “copyright”, el establecimiento de patentes que imponen restricciones a la difusión de la información, la creación de tecnologías a la usanza de regímenes totalitarios, como el TCG (Trusted Computing Group), creadas con el firme propósito de monitorear de forma centralizada la copia de contenidos además de formular un concepto de informática “fiable”, la criminalización de la exploración e intercambio de contenidos bajo el rótulo de “propiedad intelectual” a través de la aprobación de leyes penales como la Digital Millennium Copyright Act (DMCA) y la distribución de software digitalizados en incomprensible código binario.
Ante este panorama, poco a poco presenciamos un paulatino proceso de apropiación exclusiva del conocimiento basado en el posicionamiento de una serie de dispositivos estrictamente funcionales a monopólicos intereses comerciales, que derivan en estancar el progreso y avance sistemático de la humanidad en todas sus dimensiones, mermando la consolidación de una sociedad del conocimiento inspirada en la libertad de crear, comunicar, conocer y ejecutar a la luz de las potencialidades de Internet y de la red interconectada.
Una sociedad cuyo núcleo central sea la libre disposición de información es la columna vertebral de un mundo más desarrollado y funcional a los problemas que afectan al mundo.

He aquí, entonces, la contradicción fundamental de la sociedad del conocimiento: Propiedad o libertad. Sencillamente, yo prefiero la libertad. La libertad de acceder a un conocimiento libre, la libertad de tener un acceso universal a las múltiples esferas que me dispende el saber. La libertad de conocer, investigar y aportar a un mundo en permanente construcción ética, social y cultural. La libertad se constituye por tanto, en un derecho. La garantía de la libertad es el punto de partida para establecer el derecho a acceso, a la información, al conocimiento, a la comunicación y la educación para todos los seres humanos. Y si se quiere tener libertad, hay que renunciar a la existencia de propiedades que impidan el desarrollo y pleno funcionamiento de la sociedad. Y eso se logra en orden al acceso y la disposición del conocimiento.

Ecos del Simce 2007(2): ¿Qué hacer con los profesores?

El estudio de los resultados del SIMCE 2007 revalorizó la importancia de formar profesores más preparados, competentes y con una especialización disciplinaria, lo cual permitiría la optimización progresiva de los resultados. He aquí tres ideas que recojo al respecto y que se sostinen y condensan en torno a tres puntos ejes:

1) Las universidades públicas y privadas en general – apoyadas por las políticas emanadas de los gobiernos de la concertación- han sido cada vez más laxos en la exigencia de puntajes de corte para ingresar a la carrera docente, lo que ha sido puesto de manifiesto en la entrega de becas completas a alumnos que optan por seguir un carrera docente y que cuyos puntajes en la prueba de selección universitaria no superan los 550 puntos. En esta línea, la ministra de educación reconoció claramente que en el rubro de la educación estamos lejos de tener a los “mejores”. La clave a mi juicio está en incentivar a alumnos destacados egresados de enseñanza media –no necesariamente con altos puntajes en la prueba- a proseguir una carrera docente con beca completa y ofreciendo una serie de servicios sociales anexos a su vocación, tal como se hace con los militares. Ilustre es el caso de Finlandia, que provee a los docentes de cobertura social gratuita de calidad, tales como vivienda, salud y alimentación, puestos que son considerados “servidores del Estado”. En síntesis, se debe recobrar el otrora prestigio que ostentaba la labor docente, no universalizando su ejercicio sino siendo más estrictos en los procesos de selección y diversificando los mecanismos de ayuda y estímulo a la labor del profesorado.

2) En concatenación con lo anterior, urge a mi juicio reestructurar y unificar el currículo central que emana de las universidades que imparten la carrera docente –que en Chile, ya son más de 15- de manera de formar profesores más preparados y al tanto de las vanguardias metodológicas actuales. En el sistema actual, persisten profesores que siguen impartiendo con atávicas prácticas de enseñanzas y que son reacios a reformular las mismas pues estiman que ellas “siempre les han dado resultados”. De esta misma manera, se debería consignar especial consideración a la prestación de mayores recursos a universidades públicas para robustecer sus facultades de educación, proveyéndolas de mejores profesores y mejor infraestructura e implementación. Asimismo estimo necesario potenciar la labor investigativa de las universidades en materia educativa, de modo de enriquecer el panorama docente y de dar a conocer las renovaciones que día a día esta profesión experimenta. Sin embargo, lo anterior se ve seriamente obstaculizado por el modelo neoliberal que inspira el desapego del Estado para con el progreso de sus universidades públicas.

3) Adscribir a todo mecanismo de evaluación externa (ya sea TIMMS, PISA u otros) e intensificar y rigidizar la evaluación docente, de manera de que los profesores están sometidos constantemente a formas de monitoreo de desempeño. Lo anterior debe ir ligado a incentivos en dinero o estímulos de excelencia que consigan promover un quehacer docente activo y comprometido con la educación que imparten. No obstante, la situación planteada choca con la municipalización, en donde los alcaldes carecen de las facultades para entregar premios de esa naturaleza, así como también para expulsar a aquéllos profesores que han obtenido pésimos resultados en informes de calidad y desempeño. En esta misma línea y en conformidad con lo que consagra la nueva ley de Educación, se deben establecer y densificar instituciones autónomas encargadas de fiscalizar y velar por la correcta gestión y uso de los recursos asignados, de manera de evitar desastres como el escándalo de las subvenciones que motivó la destitución de la ministra Provoste.

Ecos del Simce 2007(1): ¿Qué hacer con los profesores?

Los resultados del Simce 2007 reproducen una realidad que parece repetirse años tras año: los niveles de educación no mejoran sino que por el contrario, tienden a estancarse.
Sin embargo, el estudio detallado de los resultados permitió reposicionar la importancia de un elemento clave en la adquisición efectiva del aprendizaje: los profesores. En este sentido, se subraya que colegios cuyos docentes declaran enseñar en mayor medida el currículo central, ostentan buenos resultados en la evaluación docente y proyectan altas expectativas del futuro educacional de sus estudiantes, exhiben un incremento sostenido de sus resultados. Esto hace, en definitiva, reconfirmar que, en el contexto de la discusión actual sobre una mejora sustantiva en la educación, se debe hacer hincapié en la formación inicial docente, así como en la formación continua y permanente del profesorado en ejercicio pues esto efectivamente haría una diferencia en la calidad de la educación entregada en los establecimientos. En concordancia con esto, desde el gobierno se remarcó la relevancia que adquiere la continuación de los planes de evaluación de desempeño de manera se seguir impulsando exámenes para certificar las competencias pedagógicas de los profesores, todo lo cual se inscribe dentro del marco de sistematización de la evaluación docente como mecanismo de postulación a los estímulos de excelencia.

En esta misma línea, el estudio detectó una diferencia sistémica y significativa de los resultados de aprendizaje de octavo básico a favor de los colegios que imparten enseñanza básica y media, en desmedro de los colegios que sólo imparten enseñanza básica y que dice relación con la especialización de los docentes. Los primeros –según lo indica el estudio- poseen en un 73% profesores de enseñanza media que tienen una especialización disciplinaria, y por lo tanto, saben más de lo que enseñan. En cambio, los colegios de enseñanza básica cuentan en un 94% con maestros con formación general y que por ende, adolescen en su mayoría de la preparación y el conocimiento suficiente para ser altamente competentes en los cargos que desempeñan. Este problema crucial animó a la ministra de Educación a orientar sus esfuerzos a invitar a los centros de formación docente a responder a la necesidad de preparar profesores de básica con especialización en una o dos disciplinas y señaló que en ese punto que la responsabilidad que le asiste a las universidades es ineludible. Idea en la que concuerda Erica Himmel, decana de la facultad de educación de la universidad católica, quién señaló que se debe particularizar la formación de los docentes de enseñanza básica de manera de mitigar las falencias que se han recogido en este ámbito. Desde el seno del profesorado, en tanto, se han levantado voces de rechazo a lo esgrimido por la secretaria de estado, pues argumentan que es clásico de la acentuación del neoliberalismo en Chile endosar los magros resultados a la labor docente.
Estos tres ítemes – profundización en la aplicación del plan de evaluación docente, especialización y formación permanente de los profesores – dibujan el plano estratégico de acción en la que el gobierno se apoyará para revertir la lógica acostumbrada de que profesores malos se traducen por inercia propia del sistema, en malos resultados.

¿Sociedad de la Información o Sociedad del Conocimiento?

La noción de la sociedad del conocimiento es bautizada por el sociólogo y antropólogo estadounidense Daniel Bell cuya obra, “El advenimiento de la sociedad post-capitalista”, pone de relieve la necesidad de generar una teoría económica que posicionara al conocimiento como centro de la producción de la riqueza, apuntalando al saber y la información como recurso básico en las configuración de las sociedades futuras y estructura central en la economía. La expresión precedente ha revestido especial importancia en la actualidad sobretodo por el uso, difusión e innovaciones intensivas en el ámbito de las nuevas tecnologías de la información y en el auge espectacular del mercado de acciones de la industria de la comunicación. Todo lo cual ha abierto nuevas perspectivas de ampliación en el espacio público de conocimiento e instantaneidad en la adquisión de información, cuya “alma máter” reside, principalmente, en la aparición de la red pública de Internet como sustrato esencial de esta transformación.
Sin embargo, restándole importancia al hecho de vivir globalizados comunicacionalmente, no hay certeza respecto de si vivimos restringidos a una sociedad de la información o abiertos a una sociedad del conocimiento. Y la diferencia no es sutil. La popularización del término “sociedad del conocimiento” se atribuye al japonés Taichi Sakaiya, el cual introdujo el concepto de “valor-conocimiento” que apunta a valorizar las percepciones individuales y colectivas de la sociedad en su conjunto respecto de la importancia subjetiva del “saber”.
En esta línea, la UNESCO ha adoptado esta expresión dentro de sus políticas institucionales y ha señalado que, “la sociedad de la información es la piedra angular de la sociedad del conocimiento”, destacando a esta última como aquéllas que incluyen una dimensión de proceso cultural, ético y social, así como más pluralista y desarrollado. En cambio, a la sociedad de la información sólo como un fenómeno derivado de la sistematicidad en la innovación tecnológica y de intereses comerciales funcionales a la aceleración en la instauración de un “mercado mundial abierto” que sustenta el modelo neoliberal Se colige en este sentido, que la sociedad de la información es una etapa de transición necesaria hacia una sociedad del conocimiento, entendida como aquélla capaz de generar, apropiar y utilizar el conocimiento como forma de atender a las necesidades de un desarrollo equitativo e integral de la población.
Independiente de las conceptualizaciones diversas que se realicen respecto al tema, es a mi juicio, de esencial importancia ubicar el debate en torno a cuáles son las bases culturales bajo las cuales construimos conocimiento. En otras palabras, cuáles son las dinámicas sociales que intervienen en la producción del saber. Naturalmente, el Internet y la información mundializada proporcionan herramientas útiles a la hora de facilitar el flujo de canales de información, no obstante, es necesario consolidar y potenciar este conocimiento con dispositivos avanzados de comprensión y cognición. Estoy cierto, en este sentido, que vivir en una sociedad “informacional” supone un paso hacia el logro de una sociedad definida por el conocimiento, sin embargo, debe considerarse como una transición “a largo plazo” pues implica reestructurar un modelo social que ve al conocimiento como un mero adjetivo de la información.

El precio fijo: Cómo dar el salto a la lectura masiva en Chile

El tema de masificar el hábito de la lectura en Chile es un tema complejo, especialmente si se toman en cuenta la gran cantidad de factores que asisten. Uno de los elementos fundamentales que se han esgrimido a este respecto lo representa la aberración que significa gravar en un 16% al libro. En efecto, Chile es el único país de América (incluyendo Estados Unidos y Canadá) que aplica un IVA superior al 7%, sin ninguna concesión en su venta. No hay ningún país desarrollado que no estimule la edición, venta y lectura de libros a través de la protección de su oferta y la subvención indirecta de su demanda. No obstante, pese a que parezca romántico reducir o suprimir el gravamen estatal, el problema se sitúa no sólo en el precio final del libro, sino en toda la cadena productiva que lo elabora. Así, si confecciono un libro al 19% IVA y lo vendo a un menor valor, pierdo el diferencial, lo cual indica que la clave está en abaratar todo el proceso de tiraje, para así garantizar la ganancia. Prueba de ello lo representa el bullado maletín literario, el en cual Estado chileno compró en promedio, cada libro a sólo 1.600 pesos producto de lo sustantivo del tiraje.

Es interesante, en este contexto, apreciar las experiencias de países como España y Francia, cuyos gobiernos han implementados hace ya una decena de años, interesantes y efectivas medidas en torno a la promoción de la lectura masiva y a la protección de la industria. El sistema que han ensayado se sustenta en una lógica bastante simple; el derecho a comprar un libro al mismo precio en cualquier lugar del territorio nacional, lo que deriva en la práctica, que, ya sea en grandes librerías transnacionales, en supermercados, pequeñas librerías locales o en un comercio de periódicos, el precio se mantiene invariable, siendo el mismo impuesto y regulado por el editor o la importadora. El sistema anterior lo han pasado a llamar el “precio fijo” o el “Ley Lang” en Francia.
Las consecuencias de la instalación de esta política, a varios años de implementación, muestran resultados positivos, por ejemplo; el consecuente aumento de librerías, pues éstas se hallan en condiciones más leales de competencia, el favorecimiento de la edición de gran cantidad de volúmenes, al éstos tener garantizados los márgenes de venta, la especialización de las librerías, el crecimiento de la oferta en términos cuantitativos y cualitativos con respecto a la diversidad del público y demanda, puesto que el precio fijo satisface la demanda, sin disminuir la oferta. Consecuentemente, con mayor número de puestos de venta, las impresiones aumentan y el precio se reduce. En definitiva, el precio fijo permitiría desincentivar el acrecentamiento de la concentración en la comercialización del libro.

Por otro lado, un efecto social tanto o más relevante que el empresarial resulta de la mayor lectura de libros en la ciudadanía, con todo lo que eso significa en términos de acceso a la información, la capacitación profesional, aumento de la autoeducación, aumento de la diversidad creativa, difusión de ideas nuevas y demás efectos positivos derivados de la lectura de libros.

No obstante las medidas que se adopten, éstas resultarían estériles si no se le atribuye al libro un carácter de pilar institucional para el desarrollo económico, social y cultural de la gente, que no se estructure por criterios mercantilistas que acentúan las diferencias sociales y culturales entre la población. Lo anterior debe ir necesariamente acompañado por políticas que emanen de una rama ministerial autónoma que vele por brindar todas las alternativas que sean posibles para hacer de la lectura un acto natural y espontáneo en la población, asegurando su difusión y haciendo de ésta un derecho social y ojalá resguardado por la más alta normativa jurídica de nuestro país.

Acusación Constitucional V/S Perjuicios para la Institucionalidad

Tremendo revuelo mediático ha generado la reciente destitución de la ministra Provoste en el marco de la acusación constitucional emanada de parlamentarios de Derecha que la acusan de desestimar auditorías que revelaban el descalabro financiero existente desde la época del gobierno del presidente Lagos respecto del sensible tema de las subvenciones escolares. Si bien, en un principio la situación era sostenible y por tanto, la acusación evitable, ésta se catapultó producto de la negativa de la ministra en ordenar la renuncia del SEREMI, Alejandro Traverso, cuya responsabilidad en el asunto era incontestable. De esta manera, los parlamentarios que encauzaron la acusación, revalorizaron la importancia de la misma y se dispusieron a poner en práctica una legítima facultad que la constitución dispone para contrapesar el poder del Ejecutivo. Finalmente, la acusación llegó a efecto tras la configuración de la “nueva mayoría” en el Senado, que decidió, por veinte votos contra dieciocho, la destitución de la ministra y la consiguiente inhabilidad para que la misma ejerza cargos públicos por un espacio de cinco años, condición que la concertación ha acuñado como “muerte cívica”, y que la ministra asumió con tristeza pues eran sabidas las aspiraciones senatoriales que perseguía por la tercera región, en donde concita gran apoyo ciudadano. Si bien, soy partidario de la regulación de este tipo de prácticas, considero en este caso procedente la aplicación de esta acusación constitucional, en tanto la ministra se desvinculó públicamente con la responsabilidad que lógicamente le competía y además, hizo una parafernalia patética pre-votación, en donde se le vio partícipe de una serie de homilías religiosas junto con ministros y otras personalidades de la política, para las cuales se llamaba masivamente a los medios para que concurrieran y dieran esférica a lo que allí sucedía. Considero que, sin duda, la materialización de esta acusación constitucional constituye un paso adelante hacia la transparentización y la responsabilidad en el ejercicio de los cargos públicos y hacia el rechazo de situaciones que dejan en velo el fantasma de la corrupción.
No obstante la situación de la cual hemos sido espectadores, resulta, empero, de fundamental importancia comprender lo que acusaciones de esta naturaleza producen, y que dice relación con el trastrocamiento de principios y valores que deberían sustentar una democracia sólida, ungida sobre la base de una institucionalidad legitimada y respetada por la población. No resulta baladí por tanto, contemplar los efectos negativos que a largo plazo el uso indiscriminado e irreflexivo de este recurso puede generar para la estabilidad del régimen institucional. Asimismo, abusar de esta herramienta legislativa puede fácilmente derivar en el acrecentamiento del descrédito del sistema democrático y que en definitiva, alimentaría la tesis de la crisis de representatividad, cuyo origen se encuentra justamente en la desconfianza existente entra la población para con la eficacia con la que operan los mecanismos del Estado. Por lo demás, sostener una acusación por dos meses supone una merma significativa en el quehacer de un ministerio cuyas tareas son infinitas.
A la luz de lo enunciado, es necesario consignar lo perjudicial que puede encerrar procedimientos que atacan directamente la plataforma democrática y que en definitiva, debilitan la credibilidad y fuerza de la cual estas herramientas constitucionales deberían servirse.

English In Chile: A Dual Experience, Bad Results.

Chile is a country of constant development, mainly in business and international relations, because of its full integration to globalization phenomenon. This reality has motivated goverment authorities to stimulate english learning not just as a subject, but an ability.
However, the education of english language has become into a weak point, both for the students and for the workers.
The Chilean Ministry of Education has launched three years ago, a national English project - English Opens Doors - to improve levels of English in Chile . One of the aims of this project is that all state school students reach a level equivalent to KET (Key English Test) by the end of primary school and a level equivalent to PET (Preliminary English Test) by the end of high school. Cambridge ESOL was chosen to evaluate the current English competence of state school students.
Cambridge ESOL produced a diagnostic test for the Chilean Ministry based on assessment material which had already been extensively trialled and validated throughout the world. Because of its global network of partners, Cambridge ESOL was able to call on a local partner in Chile - the Instituto Chileno Británico de Cultura - to administer the test. The British Institute already administers most of Cambridge ESOL's exams in Chile , which made it the ideal partner for this project. A sample of 12,000 students, representing the 8th grade (13-14 year olds) and the 12th grade (17-18 year olds), took the test in October 2004.
The results of the test aplied were quite dissapointing, and stated two points mainly;
-On having finished the “High school”, a lower number of cases reaches the “autonomous” level of english. The students are too far from having a very good command of english and the necessary knowledge to do well at work.
-The performance of the students increases as they have higher social background and better teaching methods, such as speaking, reading and listening in english.

These results should call us to think about the factors implied.
One of the most important elements at the moment to measure english level in high school students, is the resources and infraestructure the teachers count with. Public schools in general don’t confer resources to, for instance, build english laboratories which would significatly improve and enrich learning process. In spite of that, most of public schools simply lack of the money.
Another fundamental thing the students the classroom has. The vast majority of succesfull english institutes suggest that the students by classroom should not exceed 10. This is absolutly unthinkable at state schools whose average students are 43, like, for example, Liceo de Aplicación of Santiago.
English books is other valuable aspect to consider. Many of the books from the goverment which send to state schools, exhibit severe problems in terms of the academic desing and the level of contents they have. This is demostrated at private schools which simply force students to buy specialized and expensive english books. They don’t have other alternative If they want their studentes effectivily learn.

There are other thousand of other important things to contemplate, but I think them are the most fundamental.
What things do we have to think in order to find solutions?

1.- Strength publics schools: Granting more resources to public education would facilitate more opportunities to people who lack to money enough to afford a private institute. Besides, it would shorten the huge differences that currently exist, between private and public education.

2.- Teachers: Giving more opportunities to teachers to speacialize in forgein countries would permit them to train and learn more.

3.- Stimulate the career: The Goverment should promote people to study english pedagogy by giving more resources to universities to impart the career. This could compense the current lacking of professionals that the system has.

4.- Programs and Experiences: New english experiences which provide students more opportunities to use the language in different contexts and to share it with other people. In addition to that, organising competitions and tournaments among schools with audiovisual games and other materials would generate the initial fascination for learning the language.


English is everywhere, and Chile should start thinking about solutions to improve the current situation.

Los desafíos de la democracia participativa

Nuevas ideas han surgido en torno al cómo consolidar la democracia desde un mayor dinamismo y protagonismo de la sociedad civil, impulsado desde un estado que brinde y fomente mecanismos y vías efectivas de participación ciudadana y de deliberación pública.
De esta manera, el debate anterior ha sustentado los nuevos desafíos que las democracias modernas se aprestan a enfrentar. En este contexto, se ha gestado un concepto conocido como “gobernanza” que, en términos generales, se ha propuesto alimentar y ensanchar las bases que actualmente configuran la intervención pública en la “arena política”. Asimismo, apunta a reconceptualizar la institucionalidad democrática sobre la base de la profundización de reformas que se encausen a transparentar el ejercicio de los cargos públicos y a modernizar el aparato estatal. Por tanto, se apunta no sólo a construir una democracia en donde las personas sean capaces de controlar su propio destino, sino también a un sistema que opere con instituciones eficientes y eficaces, con legitimidad entre sus ciudadanos, que conduzcan sus acciones bajo principios de transparencia y probidad y que sean capaces de representar intereses y que sirvan de contrapeso entre sí contra el abuso del poder.
Todo el escenario precedente ha forzado a las autoridades gubernamentales a redibujar el esquema de ejecución de las políticas de iniciativa ciudadana y de reforzar los canales y espacios de debate público, sentando las bases de un cambio de paradigma en la forma de hacer política. A este respecto, resulta interesante contemplar la visión que sostiene el Programa Nacional de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Chile, que entre cuyos objetivos figura el “fortalecimiento de la gobernabilidad democrática”, poniendo de manifiesto tres áreas fundamentales en el ámbito; fomentar la participación cívica, iniciar un plan sostenido de desafección de la política institucional (ilegitimidad de los partidos, bajas tasas de participación electoral) y finalmente, incentivar políticas de gobernabilidad democrática fundadas en la equidad de género, el respeto irrestricto de los derechos humanos y anti-corrupción.
Lo anterior, por extensión, ha esbozado el anhelo de constituir a los grupos de sociedad civil como verdaderos agentes políticos bajo cuyas demandas se estructure y dirija la acción política. Esto implica redefinir el rol de la ciudadanía, ya no circunscribiendo su campo de acción en elecciones libres y competidas ni supeditando su participación al mero ejercicio del sufragio, sino dotándole de un especial poder social, en donde sean capaces de intervenir activamente mediante dispositivos que faciliten su participación.
Perfeccionar la democracia representativa que hoy nos rige implica, por tanto, un desafío de gran envergadura, sobretodo para países cuyos niveles de desarrollo e “infraestructura social” dificultan la implementación de reformas de corte participativo.
Avanzar hacia una democracia con una ciudadanía empoderada e instituciones políticas y estatales eficaces y eficientes supone entonces, reevaluar los actuales sistemas de injerencia y administración pública, de modo de proyectar los mismos hacia una reestructuración que signifique remodelar las características de la democracia actual y reposicionar a la ciudadanía en el sitial que se merece.