El estudio de los resultados del SIMCE 2007 revalorizó la importancia de formar profesores más preparados, competentes y con una especialización disciplinaria, lo cual permitiría la optimización progresiva de los resultados. He aquí tres ideas que recojo al respecto y que se sostinen y condensan en torno a tres puntos ejes:
1) Las universidades públicas y privadas en general – apoyadas por las políticas emanadas de los gobiernos de la concertación- han sido cada vez más laxos en la exigencia de puntajes de corte para ingresar a la carrera docente, lo que ha sido puesto de manifiesto en la entrega de becas completas a alumnos que optan por seguir un carrera docente y que cuyos puntajes en la prueba de selección universitaria no superan los 550 puntos. En esta línea, la ministra de educación reconoció claramente que en el rubro de la educación estamos lejos de tener a los “mejores”. La clave a mi juicio está en incentivar a alumnos destacados egresados de enseñanza media –no necesariamente con altos puntajes en la prueba- a proseguir una carrera docente con beca completa y ofreciendo una serie de servicios sociales anexos a su vocación, tal como se hace con los militares. Ilustre es el caso de Finlandia, que provee a los docentes de cobertura social gratuita de calidad, tales como vivienda, salud y alimentación, puestos que son considerados “servidores del Estado”. En síntesis, se debe recobrar el otrora prestigio que ostentaba la labor docente, no universalizando su ejercicio sino siendo más estrictos en los procesos de selección y diversificando los mecanismos de ayuda y estímulo a la labor del profesorado.
2) En concatenación con lo anterior, urge a mi juicio reestructurar y unificar el currículo central que emana de las universidades que imparten la carrera docente –que en Chile, ya son más de 15- de manera de formar profesores más preparados y al tanto de las vanguardias metodológicas actuales. En el sistema actual, persisten profesores que siguen impartiendo con atávicas prácticas de enseñanzas y que son reacios a reformular las mismas pues estiman que ellas “siempre les han dado resultados”. De esta misma manera, se debería consignar especial consideración a la prestación de mayores recursos a universidades públicas para robustecer sus facultades de educación, proveyéndolas de mejores profesores y mejor infraestructura e implementación. Asimismo estimo necesario potenciar la labor investigativa de las universidades en materia educativa, de modo de enriquecer el panorama docente y de dar a conocer las renovaciones que día a día esta profesión experimenta. Sin embargo, lo anterior se ve seriamente obstaculizado por el modelo neoliberal que inspira el desapego del Estado para con el progreso de sus universidades públicas.
3) Adscribir a todo mecanismo de evaluación externa (ya sea TIMMS, PISA u otros) e intensificar y rigidizar la evaluación docente, de manera de que los profesores están sometidos constantemente a formas de monitoreo de desempeño. Lo anterior debe ir ligado a incentivos en dinero o estímulos de excelencia que consigan promover un quehacer docente activo y comprometido con la educación que imparten. No obstante, la situación planteada choca con la municipalización, en donde los alcaldes carecen de las facultades para entregar premios de esa naturaleza, así como también para expulsar a aquéllos profesores que han obtenido pésimos resultados en informes de calidad y desempeño. En esta misma línea y en conformidad con lo que consagra la nueva ley de Educación, se deben establecer y densificar instituciones autónomas encargadas de fiscalizar y velar por la correcta gestión y uso de los recursos asignados, de manera de evitar desastres como el escándalo de las subvenciones que motivó la destitución de la ministra Provoste.
2) En concatenación con lo anterior, urge a mi juicio reestructurar y unificar el currículo central que emana de las universidades que imparten la carrera docente –que en Chile, ya son más de 15- de manera de formar profesores más preparados y al tanto de las vanguardias metodológicas actuales. En el sistema actual, persisten profesores que siguen impartiendo con atávicas prácticas de enseñanzas y que son reacios a reformular las mismas pues estiman que ellas “siempre les han dado resultados”. De esta misma manera, se debería consignar especial consideración a la prestación de mayores recursos a universidades públicas para robustecer sus facultades de educación, proveyéndolas de mejores profesores y mejor infraestructura e implementación. Asimismo estimo necesario potenciar la labor investigativa de las universidades en materia educativa, de modo de enriquecer el panorama docente y de dar a conocer las renovaciones que día a día esta profesión experimenta. Sin embargo, lo anterior se ve seriamente obstaculizado por el modelo neoliberal que inspira el desapego del Estado para con el progreso de sus universidades públicas.
3) Adscribir a todo mecanismo de evaluación externa (ya sea TIMMS, PISA u otros) e intensificar y rigidizar la evaluación docente, de manera de que los profesores están sometidos constantemente a formas de monitoreo de desempeño. Lo anterior debe ir ligado a incentivos en dinero o estímulos de excelencia que consigan promover un quehacer docente activo y comprometido con la educación que imparten. No obstante, la situación planteada choca con la municipalización, en donde los alcaldes carecen de las facultades para entregar premios de esa naturaleza, así como también para expulsar a aquéllos profesores que han obtenido pésimos resultados en informes de calidad y desempeño. En esta misma línea y en conformidad con lo que consagra la nueva ley de Educación, se deben establecer y densificar instituciones autónomas encargadas de fiscalizar y velar por la correcta gestión y uso de los recursos asignados, de manera de evitar desastres como el escándalo de las subvenciones que motivó la destitución de la ministra Provoste.
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